¿Una vida de cifras o decisiones? | Opinión de Rogelio Iván Pérez

Hay algo profundamente incómodo en las cifras cuando dejan de coincidir con la realidad.

En México, el discurso oficial insiste en una tendencia a la baja en los feminicidios. Se habla de reducciones, de porcentajes alentadores, de avances institucionales. Pero basta rascar un poco (muy poco) para entender que el problema no está desapareciendo: simplemente está cambiando de nombre.

Porque cuando una cifra baja sin que la realidad mejore, lo que tenemos no es una solución… es un ajuste.

Y ese ajuste tiene consecuencias.

Hoy, el país vive una paradoja: mientras se presume una disminución de feminicidios, los asesinatos de mujeres siguen ocurriendo con una frecuencia que ya ni siquiera sorprende.

La tragedia se volvió rutina. Y eso, en sí mismo, es el dato más alarmante.

La pregunta es incómoda, pero necesaria: ¿estamos reduciendo la violencia… o solo la forma en que la contamos?

Diversas defensoras de derechos de las mujeres y organismos internacionales, como ONU Mujeres, han advertido algo que debería preocuparnos más de lo que se discute públicamente: la subclasificación. Es decir, casos que deberían investigarse como feminicidio terminan registrados como homicidios dolosos.

Y ahí está el punto. No es lo mismo.

El feminicidio no es solo un asesinato: es la manifestación más extrema de una violencia estructural contra las mujeres. Reclasificarlo no es un tecnicismo jurídico; es borrar el contexto, diluir la responsabilidad y, en muchos casos, facilitar la impunidad.

Ese famoso “29% a la baja” (o cualquier otro porcentaje) puede convertirse en una ilusión estadística si no se acompaña de transparencia metodológica. ¿Qué se está contando? ¿Qué se está dejando de contar? ¿Bajo qué criterios se clasifica un caso?

Porque al final, el problema no es solo cuántas mujeres mueren, sino cómo decide el Estado nombrar esas muertes.

Y en ese nombramiento se juega todo: la investigación, la sanción, la memoria.

El riesgo de este juego de cifras es enorme.

Cuando el dato deja de reflejar la realidad, también deja de servir para cambiarla.

Por eso, insistir en la prevención no es suficiente si no hay honestidad en el diagnóstico. No se puede combatir lo que no se reconoce plenamente. Y no se puede diseñar política pública seria sobre cifras que maquillan el problema.

Aquí no se trata de negar avances donde los haya, sino de exigir que esos avances sean reales, medibles y verificables. Que no dependan de reclasificaciones, ni de interpretaciones convenientes.

Porque mientras discutimos porcentajes, hay familias que siguen buscando justicia.

Y eso no baja.

México no necesita mejores cifras.

Necesita mejores decisiones.