Una reforma electoral que urge para el 2027 | Opinión de Mariana Rascón

No es casualidad ni un asunto meramente técnico. La urgencia de la presidenta Claudia Sheinbaum por aprobar una reforma electoral antes de 2027 responde a una lógica política básica en donde quien define las reglas del juego termina condicionando el resultado.

Y el tiempo, debemos recordar, se le está acabando.

La ley impide modificar normas electorales poco antes de iniciar el proceso, por lo que 2026 representa “la última llamada” para concretar cualquier cambio que permita al oficialismo adquirir más poder. Después, el sistema quedará fijo rumbo a una elección que será todo menos ordinaria.

En 2027 se renovará la Cámara de Diputados, estarán en juego 17 gubernaturas, más de mil ayuntamientos, congresos locales, y la elección de cargos del Poder Judicial Federal y

local que quedaron pendientes. A final de cuentas, más que una elección, será un punto de inflexión en el equilibrio de poder del país de por lo menos la próxima década.

Por eso la discusión tan urgente de aprobar a como dé lugar, una reforma electoral, es por fines exclusivamente estratégicos.

Como advierte la politóloga Xóchitl Pimienta, las reformas electorales nunca son neutras, porque redefinen las condiciones de competencia. Cambios en representación proporcional, financiamiento o en el diseño del árbitro electoral pueden impactar directamente en quién gana y quién pierde.

Y esto no es algo nuevo. En ciencia política está ampliamente documentado que los gobiernos tienden a ajustar las reglas cuando tienen margen para hacerlo; casos como el de Hugo Chávez en Venezuela, donde los cambios institucionales fortalecieron al oficialismo, demuestran cómo las reglas pueden convertirse en una herramienta de ventaja política.

Pero la intención no es condenar a México a ser “el próximo Venezuela”, sino la urgencia que solo se explica hacia la oposición.

Esta segunda propuesta de reforma impulsada por la presidenta, busca redimir la dinámica interna que ya fue corregida. Si la primera propuesta evidenció tensiones dentro de la coalición gobernante, hoy el respaldo del PT y el PVEM a la nueva iniciativa muestra un reacomodo político que busca llegar a 2027 con una alianza cerrada y sin fracturas. Porque aparte de cambiar las reglas, se debe prevalecer el orden de quienes pudieran al día de mañana jugar nuevamente en tu contra.

A esto se suma otro elemento clave: concentrar múltiples procesos en un mismo año no solo reduce costos, también puede generar efectos de arrastre que favorecen al oficialismo. No es casualidad, es estrategia.

Desde el gobierno se argumenta que el sistema electoral es costoso y debe simplificarse. Pero el problema, como señalan diversos especialistas, no es reformar, sino el sentido de la reforma porque entre eficiencia y representación hay una tensión permanente, y cuando se rompe, lo que se debilita es la pluralidad de ideas.

Al final, lo que está en juego no es solo una reforma electoral. Es la definición de las condiciones bajo las cuales se competirá por el poder en los próximos años. Y eso debería encender alertas.

Porque ya todos empezaron a arrancar motores desde esfuerzos que cada fuerza política define como colectivos, aunque pueden percibirse como aislados en la mayoría de casos. Y si ya empieza la pelea por nuestra atención, que esta no se vea sesgada ante lo que realmente importa: un cambio que propone mantener el oficialismo hacia la nueva era de hegemonía política mexicana.