Una casa sin ventanas | Opinión de Gael Haziel

A veces, como todo en la vida, ocurre algo curioso: quienes detectan correctamente el problema terminan equivocándose en la solución, son el medio pero no el fin, y el intento de reforma electoral parte de un diagnóstico que muchos comparten desde hace años: en México, los partidos políticos han dejado de comportarse como auténticas entidades de interés público y, en la práctica, funcionan más como patrimonios de grupos muy reducidos.

Basta observar cómo operan algunas de las principales fuerzas políticas del país. En el caso del Partido Acción Nacional, durante mucho tiempo el control real ha estado en manos de los llamados padroneros: ese pequeño grupo de liderazgos que maneja los padrones de militantes con los que se deciden candidaturas. En el PRI, la figura dominante tiene nombre y apellido: Alejandro Moreno. Algo similar ocurre en el Partido del Trabajo con Alberto Anaya, en el Partido Verde con Jorge Emilio González y en Movimiento Ciudadano con Dante Delgado.

Pensar que Morena está completamente libre de este fenómeno sería ingenuo. Si lo estuviera, la propia presidenta Claudia Sheinbaum no estaría impulsando una reforma electoral de este tipo. La realidad es que ese problema atraviesa a prácticamente todos los partidos del sistema político mexicano.

La iniciativa filtrada busca, al menos en parte, reducir ese control tan concentrado sobre las candidaturas. La propuesta plantea que las listas de representación proporcional las famosas “pluris” se sometan al voto directo, con la intención de quitarle a las cúpulas partidistas la capacidad casi absoluta de decidir quién llega y quién no llega a los cargos de representación.

Suena muy bonito, ¿no? pero el fondo del asunto es más profundo, una de las grandes deudas de la democracia mexicana es que nuestros partidos políticos, en su vida interna, distan mucho de ser democráticos. Y resulta contradictorio esperar que organizaciones que funcionan como pequeñas estructuras cerradas hacia adentro puedan actuar de manera plenamente democrática hacia afuera.

La raíz del problema no está únicamente en los partidos ni en los personajes que los encabezan. Está en las reglas que permiten que esos liderazgos se consoliden y permanezcan. Las normas actuales facilitan que el poder se concentre y se reproduzca dentro de las mismas élites partidistas.

Que todos los partidos padezcan prácticamente la misma enfermedad debería ser suficiente evidencia de que el problema no es exclusivo de uno u otro instituto político. Es estructural.

Por eso, si de verdad se quiere transformar la vida democrática del país, la discusión tendría que centrarse en garantizar derechos reales a la militancia: mecanismos efectivos para competir dentro de los partidos, procesos internos abiertos, elecciones primarias transparentes y reglas claras que permitan que el mérito —y no la cercanía con las cúpulas— sea lo que determine las candidaturas.

Mientras esas condiciones no existan, cualquier intento de reforma corre el riesgo de quedarse en eso, en intenciones.