Regularizar para luego abandonar | Opinión de Rogelio Iván Pérez

La decisión de cancelar el decreto de regularización de vehículos de procedencia extranjera no cayó en el vacío. En el norte del país pegó directo en la vida diaria de miles de familias que encontraron en los llamados autos chocolate no solo una forma de moverse, sino una herramienta para trabajar, llevar a los hijos a la escuela, ir al campo o llegar a servicios que el transporte público simplemente no cubre.

Conviene decirlo con claridad: el decreto no inventó el problema, solo intentó ponerle orden y cobro a una realidad que el propio Estado dejó crecer durante años. Los vehículos irregulares circulaban desde mucho antes; lo que hizo el programa fue abrir una ventana para que, por un pago único de 2,500 pesos, millones de personas pudieran regularizar sus autos siempre que cumplieran ciertos requisitos básicos y se encontraran dentro de las entidades participantes.

Esa ventana fue enorme. De acuerdo con cifras oficiales, al cierre del programa se habían regularizado más de tres millones de vehículos, con una recaudación superior a los siete mil quinientos millones de pesos. Todo ese dinero, al menos en el papel, fue etiquetado para pavimentación y rehabilitación de vialidades en los estados del norte del país.

En Chihuahua, el impacto fue tangible. Durante los años de vigencia del programa se destinaron recursos para decenas de proyectos de pavimentación en municipios de todos los tamaños. En Cuauhtémoc, los fondos derivados de la regularización representaron una fuente importante de financiamiento para obras de rehabilitación urbana y mejoramiento de calles, algo que pocas veces ocurre con tanta claridad en la relación entre una política federal y su efecto directo en el territorio.

Pero la otra cara de la historia es que ese mismo decreto convivió con la anarquía de décadas: más vehículos entraban al país, se inflaba un parque vehicular sin planeación y las ciudades, que ya estaban rebasadas en movilidad, recibían miles de unidades adicionales sin transporte público digno que ayudara a ordenarlas.

A pesar de ello, para quienes viven lejos de los centros urbanos o dependen del automóvil para su sustento, el balance era claro: por 2,500 pesos, regularizar el vehículo significaba la diferencia entre circular con miedo a un decomiso o contar con placas y documentos en regla. El problema fue que, alrededor del programa, también se abrieron espacios para abusos: intermediarios que ofrecían “soluciones definitivas” mediante esquemas costosos y poco claros, mezclando trámites del decreto con procesos aduaneros más complejos.

En ese contexto llegó el cierre. El decreto concluyó el 31 de diciembre de 2025 y, a partir de entonces, la importación de vehículos usados quedó sujeta a las reglas generales y a los requisitos del marco comercial vigente. No se trata de que ya no se pueda importar un vehículo, sino de que la vía extraordinaria, accesible y masiva de regularización desapareció. Lo que queda es un proceso más caro y técnico que, en la práctica, está fuera del alcance de muchas familias del norte del país.

Ahí aparece la verdadera contradicción de la política pública: durante varios años se alentó y se cobró la regularización de autos irregulares, se presumió la recaudación como una medida de justicia social y se mostraron las obras de pavimentación como resultados visibles; pero, al momento de cerrar el ciclo, se hizo de manera abrupta, sin un esquema claro de transición para quienes quedaron a mitad del trámite o en situación de riesgo jurídico.

Para municipios como Cuauhtémoc, la medida impacta por partida doble. Por un lado, miles de familias que no alcanzaron a incorporarse al programa permanecen en la incertidumbre, dependiendo de vehículos indispensables para su vida cotidiana pero ahora expuestos a mayores restricciones. Por otro, desaparece una fuente de financiamiento que, con todo y sus limitaciones, permitió avanzar en la mejora de la infraestructura urbana.

No se trata de idealizar el decreto: tuvo claroscuros, se prestó a abusos y nunca atendió el origen estructural del fenómeno. Pero sí resulta problemático que primero se normalice y se cobre lo irregular… y después se cierre la puerta dejando a la ciudadanía sola frente a reglas más duras y procesos más costosos.

La historia de los autos chocolate revela algo más profundo: en México, muchas políticas públicas se activan mientras son políticamente útiles y se abandonan cuando dejan de serlo. En medio de esos vaivenes, los municipios siguen administrando las consecuencias… y las familias del norte del país continúan pagando el costo.