La militarización de la seguridad pública en Chihuahua: ¿solución o retroceso? | Opinión de Valeria Maldonado

En las últimas dos décadas, México ha transitado por un proceso profundo de militarización de la seguridad pública, una estrategia que ha tenido particular intensidad en el estado de Chihuahua, donde la violencia vinculada al crimen organizado se convirtió en justificación de medidas de carácter excepcional. Sin embargo, hoy más que nunca, debemos preguntarnos: ¿Será que esta política ha dado los resultados esperados? ¿Y a qué costo?

Desde el Operativo Conjunto Chihuahua en 2008, hasta la consolidación de la Guardia Nacional bajo mando militar en 2022, la presencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad civil se ha normalizado. Esta presencia ha sido avalada por los gobiernos en turno con el argumento de que las corporaciones civiles no estaban preparadas para enfrentar al crimen. Pero a casi dos décadas de su implementación, los resultados dejan más dudas que certezas.

Las cifras y los testimonios hablan por sí mismos. En nombre de la seguridad, en Chihuahua se han cometido graves violaciones a los derechos humanos. El caso más emblemático y doloroso es el de Jessica Silva, asesinada por elementos de la Guardia Nacional en Delicias durante las protestas por el agua. Su esposo, Jaime Torres, sobrevivió al ataque armado. La CNDH reconoció el uso ilegítimo de la fuerza y emitió una recomendación por violaciones graves, lamentablemente esto no es un hecho aislado.

Otros casos documentados por la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos incluyen tortura, detenciones arbitrarias y tratos crueles, como ocurrió en Ciudad Cuauhtémoc y Delicias, donde civiles fueron golpeados y forzados a auto incriminarse en instalaciones militares. En la sierra de Guadalupe y Calvo, se han reportado prácticas sistemáticas de abuso, incluyendo desapariciones temporales y actos de humillación física por parte de efectivos del Ejército.

Además, la Comisión Estatal de Derechos Humanos ha reportado un alarmante incremento en las quejas por abuso de autoridad en Ciudad Juárez y otros municipios, siendo la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública Estatal los principales señalados. Las actividades realizadas por estas autoridades, constatas de ser violadoras de derechos humanos, han sembrado el miedo en la población, resultando en que muchos ciudadanos se abstengan de salir en horarios nocturnos, cuando las calles se encuentran más solas, todo esto por el temor de ser detenidos por unidades militares y resultar como víctimas de estos mismos. La ciudadanía no solo denuncia malos tratos, sino que cuestiona abiertamente la efectividad de una estrategia que, pese a su despliegue masivo, no ha logrado reducir de manera sostenida los índices de violencia.

La pregunta que muchas y muchos ciudadanos se hacen es válida: ¿qué hemos ganado con esta militarización? ¿Y qué hemos perdido?

La respuesta es compleja, pero clara en varios frentes. Hemos perdido confianza en las instituciones civiles, que han sido debilitadas por décadas de omisión, falta de inversión y sustitución por mandos castrenses. Hemos retrocedido como país al permitir que las Fuerzas Armadas, cuya función natural es la defensa nacional, asuman el rol de policías sin los controles democráticos ni las capacidades humanas necesarias para convivir con la ciudadanía en el día a día.

No se trata de demonizar al Ejército o a la Guardia Nacional, sino de reconocer que su participación prolongada en tareas civiles ha desdibujado la frontera entre seguridad y represión, entre orden y miedo. Esta militarización no ha representado un avance, sino un retroceso institucional que pone en riesgo el equilibrio de poderes, el respeto a los derechos fundamentales y el futuro democrático del país.

Por todo lo anterior, considero indispensable que el Estado mexicano, en todos sus niveles, revalúe urgentemente esta estrategia. Es momento de fortalecer las instituciones civiles, profesionalizar a las policías locales, invertir en inteligencia, justicia y prevención, y garantizar que cualquier cuerpo de seguridad, militar o no, opere bajo estrictos principios de legalidad, proporcionalidad y respeto a los derechos humanos.

La seguridad de la ciudadanía no puede basarse en la excepción permanente, ni en la impunidad institucional. La militarización ha fracasado como solución integral. Lo que se necesita ahora es una nueva visión de seguridad, construida con la sociedad, basada en la ley, y orientada a la justicia, no a la intimidación.

IG: valeriammolina_ FB: Valeria Maldonado