Honrar la Constitución: vigencia y compromiso republicano | Opinión de Manuel Jurado

Conmemorar el aniversario de la promulgación de nuestra Constitución no es un ejercicio meramente histórico ni un acto protocolario. Es, ante todo, una oportunidad para reflexionar sobre su vigencia, su fuerza normativa y su papel irrenunciable como fundamento de la República y límite al ejercicio del poder público, a 109 años de haber sido proclamada.

Nuestro orden constitucional no sólo organiza al Estado, da forma a nuestras instituciones y recoge las aspiraciones más profundas de la sociedad mexicana. En su texto se concentran valores que han definido nuestro proyecto de Nación: la dignidad humana como eje del quehacer público, los derechos sociales, la igualdad entre las personas, la libertad, la seguridad jurídica, el Estado laico, la soberanía popular, la abolición de la esclavitud y las libertades civiles. Estos principios no son retórica constitucional, son mandatos vinculantes que deben orientar cada decisión pública.

A través del Poder Constituyente y, luego, por conducto del Poder Reformador de la Constitución, las demandas sociales han encontrado su cauce jurídico. El reclamo colectivo se convirtió en derecho exigible, la voluntad popular en norma y la transformación social en instituciones.

Nuestra Constitución marcó un parteaguas al ser la primera en reconocer derechos sociales, con una visión profundamente humanista del poder público: educación gratuita y laica, derechos laborales, soberanía nacional y un diseño institucional basado en límites claros al poder, mediante un sistema de pesos y contrapesos.

La Constitución es, así, la Norma Suprema que sostiene nuestra forma de vida republicana. En ella convergen dos aspectos inseparables. Su parte orgánica establece la forma de gobierno, crea las instituciones y delimita sus competencias. Su parte dogmática reconoce los derechos humanos y prevé las garantías para su protección. No se trata de dos dimensiones desconectadas entre sí, sino de un diseño integral en el que las autoridades sólo pueden actuar dentro de su esfera competencial y siempre bajo el respeto irrestricto de los derechos de las personas.

Los derechos humanos, junto con sus garantías, operan como auténticos límites al poder del Estado. Exigencias como la debida fundamentación y motivación de los actos de autoridad, la prohibición de detenciones arbitrarias o la tutela judicial efectiva no son formalismos legales; son condiciones mínimas para una vida digna y pilares de la confianza social en las instituciones.

En este entramado, los mecanismos de control constitucional adquieren una relevancia central.

El juicio de amparo, concebido históricamente como la herramienta por excelencia al alcance de cualquier persona para cuestionar actos u omisiones de cualquier autoridad que vulneren derechos humanos, debe fortalecerse y difundirse. Su función es clara: asegurar que ninguna autoridad, bajo ninguna circunstancia, quede al margen de la Constitución. Junto a él, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad cumplen un papel indispensable para preservar el equilibrio entre poderes y la supremacía constitucional.

Hoy, más que nunca, resulta indispensable reafirmar que la Constitución no admite interpretaciones orientadas a vaciar de contenido sus principios ni prácticas que pretendan eludir su sentido. El respeto al texto constitucional no es una opción política ni una conveniencia coyuntural, es una obligación jurídica y ética. Cuando se relativiza su fuerza normativa, se debilitan las instituciones y se afecta directamente a las personas, especialmente a quienes se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad.

Honrar la Constitución implica asumir su vocación humanista, fortalecer los derechos sociales, garantizar la igualdad ante la ley, preservar la seguridad jurídica y defender los mecanismos de control del poder. Implica también reconocer que estos instrumentos son una vía legítima de participación ciudadana, capaces de generar transformaciones que trascienden el interés individual y contribuyen al bienestar colectivo.

Al final, la Constitución es un pacto vivo que debe traducirse en realidades concretas. Su finalidad última es garantizar a todas las personas una vida digna, con pleno respeto a sus derechos humanos y con oportunidades reales para desarrollar sus proyectos de vida. Recordarlo y exigir su cumplimiento, especialmente cuando se intenta desvirtuar su sentido, es una responsabilidad compartida que define la fortaleza de nuestra República constitucional.