Soberanía Selectiva | Opinión de Froylán Castillo

Hace apenas unos días, desde Morena y desde el poder federal se rasgaban las vestiduras hablando de soberanía. El pretexto fue Chihuahua, el desmantelamiento de uno de los laboratorios de droga más grandes del país, un golpe real contra la infraestructura criminal que envenena comunidades, financia violencia y destruye familias.

Lo que debió ser un momento de reconocimiento institucional terminó convertido en una disputa política. No importó el golpe al crimen. No importó que se desactivara una operación criminal de alto impacto. Lo que les dolió fue otra cosa, que el resultado viniera de un gobierno de oposición.

Hoy, la historia les pone un espejo enfrente.

La Embajada de Estados Unidos en México, a través del embajador Ronald Johnson, retomó la presentación de cargos penales contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros funcionarios mexicanos actuales y anteriores, por presuntos delitos relacionados con narcotráfico y armas. El comunicado habla de rendición de cuentas, combate a la corrupción, crimen transnacional y fortalecimiento del Estado de derecho.

Entonces la pregunta es obligada, ¿dónde está ahora la indignación de la Federación? ¿Dónde está el Senado? ¿Dónde están los discursos encendidos de Morena sobre la soberanía nacional? ¿Dónde quedó esa defensa furiosa de México frente a los señalamientos extranjeros?

Porque cuando el tema fue Chihuahua, salieron de inmediato a politizar, descalificar y montar una narrativa de sospecha. Pero cuando el señalado es un político guinda, gobernador de un estado históricamente golpeado por el narcotráfico, donde sus nexos son evidentes, entonces aparece el silencio conveniente, la prudencia selectiva y el cálculo político.

Ahí está la soberanía a medias.

Soberanía para golpear adversarios, pero cautela para proteger aliados. Soberanía para cuestionar un operativo que desmanteló un narcolaboratorio, pero silencio frente a los señalamientos contra personajes de su propio movimiento. Soberanía para cuidar el relato, no necesariamente para cuidar a los ciudadanos.

No se trata de celebrar acusaciones extranjeras ni de condenar sin juicio. Todo señalamiento debe probarse conforme a derecho. Pero tampoco se puede ignorar la doble moral, si el gobierno federal exige explicaciones cuando se combate al crimen en Chihuahua, también debería exigirlas cuando desde Estados Unidos se acusa a funcionarios mexicanos de presuntos vínculos con el narcotráfico.

Ahí es donde se mide el liderazgo.

La presidenta tiene una oportunidad para demostrar que su discurso no depende del color del partido. Que ponga un manotazo en la mesa. Que exija investigaciones serias. Que llame a cuentas a todos los señalados, sin importar si son aliados, gobernadores, senadores o funcionarios de su movimiento.

La verdadera soberanía no se defiende con discursos desde Palacio. Se defiende limpiando instituciones, cerrando redes de corrupción, desmantelando laboratorios y combatiendo al crimen sin cálculos partidistas.

Por eso queda claro no les molestaba el narcolaboratorio en Chihuahua. Les molestó que un gobierno de oposición diera resultados.

Y hoy, frente a los señalamientos contra los suyos, su silencio dice más que cualquier discurso.