Cuando la política estorba a la seguridad | Opinión de Leonardo Lozano

Durante los últimos días, Chihuahua ha vuelto al centro de la conversación nacional por una realidad que aunque incómoda, no es nueva, la presencia del crimen organizado operando con estructuras cada vez más sofisticadas en la sierra del estado. El reciente desmantelamiento de un narcolaboratorio clandestino representa sin lugar a dudas, un golpe relevante en la lucha actual contra el narcotráfico. Sin embargo, lo que debió ser un momento de reconocimiento institucional y unidad frente a un problema común, terminó convirtiéndose en un campo de disputa política.

A raíz del operativo, marcado además por el lamentable fallecimiento de agentes norteamericanos, diversas voces incluida la de la presidente de la República, han optado por centrar el debate en una supuesta violación a la soberanía nacional. El argumento no es menor en términos históricos, pero sí resulta profundamente cuestionable en este contexto. Porque aquí vale la pena hacer una distinción: ¿qué entendemos realmente por soberanía?

Si la soberanía se reduce a una narrativa política que sirve para evadir responsabilidades o descalificar acciones que afectan intereses particulares, entonces estamos ante una interpretación peligrosa. La verdadera soberanía no es un discurso, es una condición de vida. Es la capacidad de una familia de vivir sin miedo, de transitar libremente por su comunidad, de que niñas y niños puedan ir a la escuela sin estar expuestos a la violencia que generan estas organizaciones criminales y en el México que vivimos no es posible.

En ese sentido, el desmantelamiento de un narcolaboratorio en la sierra de Chihuahua no es en contra al país; es por el contrario, un acto que fortalece el Estado de derecho. Es una acción concreta contra una estructura que envenena comunidades enteras, que financia violencia y que perpetúa un círculo de inseguridad que México arrastra desde hace décadas.

Lo preocupante no es el operativo en sí, sino la reacción que ha generado. La descalificación automática, el intento de politizar el hecho y de convertirlo en un conflicto ideológico revela la incapacidad de ciertos actores para reconocer avances cuando estos no provienen de su esfera política. Porque si algo queda claro, es que la lucha contra el narcotráfico no debería tener colores ni banderas.

Resulta contradictorio que mientras se cuestiona un operativo que debilita al crimen organizado, se guarde silencio ante señalamientos graves sobre posibles vínculos entre actores políticos y estructuras delictivas. La omisión también comunica, y en este caso, genera dudas legítimas en la ciudadanía.

El argumento de la soberanía, en este contexto, parece más una herramienta de contención política que una preocupación genuina por el interés nacional. Y es ahí donde el debate se vuelve delicado, cuando la narrativa oficial comienza a priorizar la protección de estructuras de poder por encima de la seguridad de la población.

No se trata de respaldar a un gobierno u otro, ni de entrar en una lógica partidista. Se trata de algo mucho más básico, de reconocer que la seguridad de Chihuahua y de México debe estar por encima de cualquier cálculo político. Porque mientras el discurso se desgasta en confrontaciones, la realidad en muchas regiones del país sigue marcada por la violencia, el miedo y la ausencia del Estado.

La muerte de los agentes es sin duda, un hecho trágico que debe investigarse con seriedad y transparencia. Pero no puede convertirse en el pretexto para deslegitimar una acción que en el fondo, representa exactamente lo que durante años se ha exigido, enfrentar al crimen con determinación.

Hoy más que nunca, México necesita claridad. Necesita instituciones que actúen, pero también liderazgos que reconozcan cuando se está avanzando en la dirección correcta, sin importar de dónde provenga la acción. Porque al final del día, la verdadera lealtad no es hacia un color, un personaje, ni hacia un gobierno: es hacia la seguridad, la justicia y la dignidad de las y los mexicanos.