Litigio estratégico y ciudadanía activa: cómo transformar nuestra realidad desde el derecho | Opinión de Manuel Jurado

En estos tiempos convulsos de desconfianza institucional y crisis social, ejercer una ciudadanía activa no sólo es deseable: es indispensable.

Ante los retos que enfrentan nuestras comunidades —carreteras olvidadas, incendios forestales desatendidos, saqueo de agua, justicia inaccesible— el papel de la sociedad no puede limitarse al lamento en redes sociales o la protesta eventual. Hoy más que nunca, es momento de asumir con seriedad que la participación ciudadana, articulada con herramientas legales, puede ser una fuerza transformadora. Y el litigio estratégico en derechos humanos es una de las vías más eficaces para ello.

El litigio estratégico no busca resolver un caso individual, sino provocar un cambio estructural. Se trata de usar los tribunales no sólo para ganar juicios, sino para incidir en políticas públicas, sentar precedentes y hacer efectivos los derechos que muchas veces existen únicamente en el papel. Es una forma de participación ciudadana que va más allá del activismo tradicional: es hacer política desde la justicia.

En nuestra experiencia, hemos impulsado litigios que reflejan el poder de esta herramienta.

Un ejemplo es el juicio promovido para exigir la reparación de la carretera vía corta Parral–Chihuahua, cuyo abandono por parte de las autoridades federales no solamente pone en riesgo vidas humanas, sino que vulnera el derecho a un buen gobierno. Este caso podría sentar un precedente inédito: reconocer que los servicios públicos de calidad no son concesiones graciosas del Estado, sino manifestaciones concretas de los derechos humanos y de una administración pública que debe dejar atrás el formalismo para orientarse a fines legítimos, centrados en el bienestar colectivo.

Otro asunto clave fue el amparo promovido para que se asignaran recursos federales suficientes al combate de los incendios forestales en la Sierra Tarahumara. No se trató solo de proteger árboles: se buscó garantizar el derecho a un medio ambiente sano, a la seguridad y a la vida digna de las comunidades que habitan esa región históricamente marginada.

De igual forma, promovimos un juicio para obligar a las autoridades a combatir las tomas clandestinas de agua en el Río Conchos, pues el acceso al agua no puede seguir siendo rehén de la impunidad. Este litigio también toca una fibra central: el cuidado de nuestros recursos naturales como un bien común.

Recientemente, impulsamos una demanda contra la omisión legislativa del Congreso de la Unión de expedir la Ley General en Materia de Justicia Cívica e Itinerante, una deuda histórica con millones de personas que siguen sin acceso efectivo a mecanismos de solución de conflictos cotidianos. Esta ley permitiría acercar la justicia a quienes viven lejos de los centros urbanos, a quienes no pueden pagar asesoría jurídica, a quienes requieren una solución pacífica y rápida a sus problemas. Alzar la voz por su expedición es luchar por una justicia más cercana, humana y equitativa.

Estos casos muestran que no estamos condenados a esperar que las soluciones vengan desde arriba. La ley, usada estratégicamente, puede ser una palanca de cambio cuando se articula con la organización comunitaria y el compromiso cívico. No se requiere ser abogado para participar: se requiere conciencia, solidaridad y la convicción de que el interés público también es nuestra responsabilidad.

Es tiempo de ver al derecho no como una barrera, sino como un puente. Un puente que conecta la indignación con la acción, la injusticia con la transformación. Ser ciudadanos activos significa entender que los problemas públicos también nos pertenecen y que con organización, conocimiento y voluntad podemos incidir en su solución. La defensa del agua, del medio ambiente, de la infraestructura pública y del acceso a la justicia no es ajena a la ciudadanía: es tarea de todos.

En cada juicio que emprendemos con un enfoque estratégico, reafirmamos nuestra convicción: la justicia no sólo se exige, se construye. Y esa construcción empieza con una ciudadanía que asume su papel protagónico en la defensa de lo que es justo, urgente y necesario.