La soberanía como arma política | Opinión de Valentina Terrazas

La nueva reforma constitucional impulsada por Morena permitiría que el máximo tribunal electoral pueda invalidar una elección cuando considere que existió "injerencia extranjera". En el discurso la idea podría parecer razonable: ningún país debería permitir que gobiernos o actores externos intervengan en sus procesos democráticos. Sin embargo, en la practica, es la cereza en el pastel de la búsqueda constante de Morena por tener el control absoluto de nuestro país.

¿Qué se entiende exactamente por injerencia extranjera? ¿Cuáles serán los criterios para determinarla? ¿Quién tendrá la última palabra? La iniciativa deja más preguntas que respuestas.

Tras la fallida reforma judicial de 2024, Morena consolidó una posición de poder sin precedentes al terminar por controlar los tres poderes del Estado. En ese contexto, otorgar la facultad de invalidar elecciones con base en conceptos poco definidos representa un riesgo para los contrapesos y la democracia de México.

Durante las últimas semanas, el oficialismo ha colocado la “defensa de la soberanía nacional” en el centro de su discurso, usándola de cortina de humo para ocultar lo que ya es evidente: una clara relación entre el crimen organizado y el Estado. A ello se le suma la presión del gobierno de los Estados Unidos para fortalecer el combate al narcotráfico en territorio mexicano.

La discusión no ocurre en cualquier momento. Estamos a un año de las elecciones de 2027, en las que estarán en juego gubernaturas, diputaciones federales y locales, así como miles de alcaldías. Y aunque Morena no lo quiera aceptar, sus últimos escándalos por mantener vínculos con el crimen organizado, han causado que este partido que se creía invencible, pierda simpatizantes, lo que seguramente los tiene muy preocupados en vísperas de la próxima elección.

Por eso resulta preocupante que una reforma de esta naturaleza avance sin establecer reglas claras. La noción de "injerencia extranjera" puede abarcar desde una intervención directa de un gobierno extranjero hasta declaraciones de actores internacionales, campañas digitales operadas desde otros países o incluso el uso de bots en redes sociales. Si los límites no están claramente definidos, la interpretación quedará en manos de autoridades cuya imparcialidad ya se encuentra en tela de juicio.

Más allá del discurso patriótico con el que se presenta, esta reforma abre la puerta a que futuras elecciones puedan ser cuestionadas o incluso anuladas bajo criterios ambiguos. La defensa de la soberanía nacional es una causa legítima; utilizarla como instrumento político sería otra cosa muy distinta.

Porque, al final, pareciera que a Morena le preocupa más la posibilidad de una injerencia extranjera que la injerencia criminal que durante años ha controlado los procesos electorales en distintas regiones del país.