La línea delgada entre protección y privilegio | Opinión de Leslie Medina

Sin duda, el debate político volvió con fuerza. En las últimas semanas ha estado sonando y alentando a más de un servidor público el hecho de que la presidencia y varias bancadas hayan impulsado iniciativas para eliminar el fuero constitucional que protege a legisladores y otros servidores públicos.

No es una ocurrencia, es la respuesta política y pública a años de escándalos que muestran cómo la inmunidad puede convertirse en blindaje para la corrupción. Sin embargo, eliminar el fuero sin un análisis técnico profundo puede generar vacíos legales y consecuencias no deseadas. Vamos por partes.

En términos generales, el fuero es una protección legal que impide perseguir penalmente a ciertos cargos públicos sin llevar a cabo un trámite posterior como: declaración de procedencia o desafuero. Su origen fue proteger la función pública y la libertad de expresión política, es decir, históricamente buscó evitar persecuciones por motivos políticos, sin embargo, en la práctica ha funcionado también como un freno para procesos penales en casos de corrupción.

Ahora bien , tampoco se trata de eliminar sin cuidado un principio que cumple una función democrática importante. Se debe preservar la inviolabilidad de las opiniones y velar por mantener la libertad de expresión parlamentaria la cual está consagrada en el artículo 61 de nuestra constitución federal.

Este debate no surge de la nada. Casos emblemáticos lo han hecho urgente como el caso de políticos acusados por ilícitos que tardan años en ser investigados por trámites legislativos, y una percepción ciudadana de que el sistema protege a quienes ostentan poder.

Pero eliminar el fuero no es simplemente un gesto simbólico, sino una decisión con riesgos serios. Si no se establecen reglas claras, los legisladores podrían ser objeto de calumnias que paralicen su ejercicio; la línea entre lo que realiza un servidor público y lo que para muchos podría clasificarse como delito es muy delgada y borrosa.

Por eso, la solución no está en eliminar todo blindaje, sino en diferenciar la inmunidad legítima– opiniones, debates parlamentarios– de la inmunidad procesal injustificada. Quien comete un delito debe poder ser investigado sin privilegios. Con fortalecimiento institucional como fiscalías independientes, unidades especializadas en delitos del poder, controles internos sólidos y protección para denunciantes.

Si eliminamos el fuero y mantenemos un sistema investigador débil, habremos cambiado el nombre del problema sin solucionarlo.

Lo que México necesita no es solo quitar un privilegio, sino construir un nuevo pacto de responsabilidad.

Que la justicia no sea selectiva.

Que el poder no imponga inmunidad.

Y que todo servidor público sepa– de una vez por todas– que esta sujeto al mismo estándar que cualquier ciudadano.