La edad frente al delito | Opinión de Valentina Terrazas

Hace unos días se viralizó el caso de Flaviano López, conductor de la plataforma Didi, quien fue brutalmente asesinado por tres adolescentes en Mexicali, Baja California. Flaviano aceptó un viaje solicitado a través de la aplicación sin imaginar que ese trayecto sería el último de su vida.

Lo que ocurrió después resulta aún más estremecedor. De acuerdo con la información difundida, los tres menores no solo le arrebataron la vida, sino que jugaron con su cuerpo e incluso grabaron el momento en que intentaban deshacerse de él. Como si eso no fuera suficiente, la madre de dos de ellos también enfrenta cargos por homicidio.

Este caso exhibe dos realidades que México no puede seguir ignorando.

La primera tiene que ver con la justicia para adolescentes. Aunque la legislación privilegia la reinserción social, también establece límites en las sanciones para menores de edad y, al alcanzar la mayoría de edad, los responsables pueden quedar sin antecedentes penales. Casos como este obligan a preguntarnos si el sistema está preparado para responder cuando un menor actúa con un nivel de violencia extremo. Defender la rehabilitación no significa renunciar a la justicia para las víctimas.

La segunda realidad es aún más preocupante: la violencia también se aprende. Dos de estos adolescentes crecieron bajo la tutela de una mujer que hoy enfrenta cargos por homicidio. Ningún niño nace siendo asesino. Cuando un menor normaliza la violencia y la ausencia de límites, fracasan la familia, pero también un Estado incapaz de detectar, intervenir y proteger.

Algo similar ocurrió con la influencer Marianne Gonzaga. A los 17 años atentó contra la vida de otra joven y, tras permanecer algunos meses en una correccional, recuperó su libertad al cumplir la mayoría de edad, sin antecedentes penales. Ella también es madre de una bebé, lo que recuerda que los niños aprenden, en gran medida, de aquello que viven en casa. Cuando la violencia forma parte del entorno familiar, el riesgo de repetir ese ciclo no puede ignorarse.

Por eso, el debate no debería limitarse a endurecer las penas para los menores. También debemos preguntarnos qué estamos haciendo para evitar que un niño llegue a convertirse en agresor. Se requieren sanciones proporcionales para quienes cometen delitos de extrema gravedad, pero también atención psicológica especializada, fortalecimiento de la familia e instituciones capaces de intervenir a tiempo.

Porque una sociedad que no corrige la violencia en sus hogares termina enfrentándola en sus calles. Y un sistema que no distingue entre un error propio de la adolescencia y un homicidio cometido con crueldad corre el riesgo de enviar el peor de los mensajes: que la edad puede convertirse en un escudo frente a la crueldad.