La buena administración pública: un derecho humano que transforma | Opinión de Manuel Jurado

La Constitución mexicana no menciona de manera explícita el derecho a una buena administración pública. Sin embargo, si miramos con atención el conjunto del marco jurídico nacional e internacional, encontramos que este derecho sí existe, se puede defender legalmente y, sobre todo, puede transformar la forma en que los gobiernos actúan.

Pero, ¿qué es la buena administración pública? No se trata sólo de trámites rápidos o de servidores públicos amables. Es un derecho humano que implica que el Estado —en todos sus niveles— actúe con legalidad, eficiencia, ética, transparencia, responsabilidad y respeto a la dignidad de las personas. Abarca desde el acceso a servicios públicos de calidad, hasta la obligación de que las personas funcionarias respondan de manera adecuada y oportuna a las necesidades colectivas.

Aunque no está escrito en letras grandes en nuestra Constitución, el derecho a una buena administración pública se desprende de diversos preceptos de esa Norma Fundamental y los principios rectores del servicio público establecidos en las leyes anticorrupción, de presupuesto y responsabilidades administrativas.

En otras palabras, las personas ciudadanas tenemos derecho a que el Estado nos administre bien: con servicios públicos que funcionen, decisiones fundadas y motivadas, personas funcionarias capacitadas, trabajo bien hecho y respuestas claras.

Este derecho está también reconocido en normas internacionales como la Carta Iberoamericana de los Derechos y Deberes del Ciudadano frente a la Administración Pública, que señala que toda persona debe ser tratada con justicia, equidad y objetividad por las autoridades. Lo mismo ocurre en el Sistema Europeo de Derechos Humanos, donde se considera un derecho fundamental.

¿Por qué importa tanto? Porque impacta directamente en los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA).

Pensemos, por ejemplo, en una carretera federal deteriorada, sin mantenimiento por años. Esa omisión no sólo genera baches, sino accidentes, gastos médicos, pérdida de tiempo, contaminación y freno al desarrollo económico de toda una región. Lo que está fallando no es sólo la pavimentación: es la administración pública misma.

Y eso es precisamente lo que denunciamos —un grupo de ciudadanas y ciudadanos— mediante un juicio de amparo contra la omisión de reparar y mantener en buen estado la carretera conocida como vía corta Parral-Chihuahua.

La inactividad de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal y del Centro SICT Chihuahua, afecta el derecho a la movilidad segura, la salud, el medio ambiente y el desarrollo de toda la zona del sur del estado de Chihuahua.

En el juicio, señalamos que esta omisión es grave, peligrosa e inconstitucional. Se nos concedió la suspensión para que las autoridades inicien inmediatamente las obras de reparación, considerando que no hacerlo implicaba un daño irreparable y un peligro real para la vida e integridad de las personas.

Este fallo no sólo protege una carretera. Protege el principio de que las autoridades están obligadas a actuar conforme a la ley, a usar los recursos públicos con responsabilidad y a garantizar servicios públicos de calidad. Protege, en suma, el derecho humano a una buena administración.

La buena administración no es un lujo, es una obligación del Estado y un derecho de la ciudadanía. Exigirla no es ser incómodos: es ejercer la democracia.

En un Estado democrático, las personas no somos simples receptoras de decisiones. Somos el centro del sistema público. Cuando exigimos buen gobierno, cuando denunciamos omisiones, cuando pedimos transparencia, estamos ejerciendo derechos que ya están reconocidos —aunque a veces silenciosamente— en la ley.

Por eso, es hora de darle voz a este derecho. No para crear uno nuevo, sino para activar uno que ya existe. Un derecho que, si se hace valer, puede mejorar la vida de millones de personas, exigir rendición de cuentas y hacer del servicio público un verdadero servicio a la comunidad.

La buena administración pública debe ser entendida como un nuevo paradigma del Estado, uno que coloque a la dignidad humana al centro y que se comprometa con resultados. No se trata de promesas, sino de estándares concretos: decisiones fundadas, servicios accesibles, participación ciudadana, rendición de cuentas, eficiencia, ética y legalidad.

Desde lo local hasta lo federal, este derecho debe inspirar políticas públicas, presupuestos, gestiones cotidianas. Debe guiar a las personas servidoras públicas y debe ser exigido por la ciudadanía.

La buena administración pública no es un favor del gobierno, ni una expectativa vaga. Es un derecho humano exigible, justiciable y fundamental. Nos corresponde exigirlo y hacerlo costumbre, porque cada vez que lo ejercemos —como ocurrió con la vía corta a Parral—, abrimos paso a una mejor democracia, más justa, más eficiente y, sobre todo, más humana.

Por ello, hago un llamado a todas las personas de Chihuahua a levantar la mirada con dignidad y exigir lo que por derecho nos corresponde. Si conoces carreteras federales en malas condiciones, documenta su estado, organiza a tu comunidad, y juntos impulsemos acciones legales o presentemos denuncias públicas. Exigir servicios públicos de calidad no es un acto de confrontación, es un acto de ciudadanía. Hagamos valer nuestro derecho a una buena administración.