¿Justicia incluyente o justicia limitada?: dos caminos que se cruzan | Opinión de Manuel Jurado

En los últimos días se han dado dos anuncios que, aunque parecen ir en la misma dirección, en realidad se cruzan y hasta podrían contradecirse. Por un lado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró el inicio de la Duodécima Época del Semanario Judicial de la Federación, bajo la idea de una justicia más cercana al pueblo, incluyente y respetuosa de la diversidad cultural de México. Por otro lado, el Gobierno Federal impulsa una reforma a la Ley de Amparo que, de aprobarse en los términos en que se presentó, podría cerrar las puertas justamente a quienes más necesitan esa justicia.

La Corte habla de refundación. Se inaugura una nueva época con un Semanario Judicial renovado, digital y más accesible. Se anuncia que ahí estarán no sólo las tesis y sentencias de los tribunales federales, sino también resoluciones de comunidades indígenas y afromexicanas. Es decir, se busca que la justicia refleje la pluralidad del país, que no se quede en el papel, que abrace la diversidad y la igualdad sustantiva. En discurso, suena a un paso histórico: una justicia que reconoce rostros distintos y que pretende caminar junto al pueblo.

Pero, mientras tanto, la propuesta de reforma a la Ley de Amparo ha encendido alarmas. La iniciativa pretende limitar la posibilidad de obtener suspensiones provisionales, acotar el concepto de interés legítimo y restringir la capacidad de la ciudadanía para detener actos de autoridad que puedan ser inconstitucionales. Más grave aún, busca reducir los alcances de la suspensión con efectos generales, así como limitar los amparos colectivos que han sido clave para proteger derechos económicos, sociales y culturales, así como el derecho al medio ambiente sano.

El contraste no puede ser más evidente. Una justicia que se proclama incluyente, pero un amparo que se reduce. Una Corte que habla de pluralidad, pero un proceso que privilegia el formalismo sobre la protección de los derechos humanos. En la práctica, quienes más sufrirían serían los grupos históricamente desprotegidos: comunidades indígenas, personas en situación de pobreza, colectivos ambientales, asociaciones de defensa de derechos sociales.

El amparo es la joya de la corona de nuestro sistema jurídico. Es el escudo que cualquier persona, sin importar su condición social, puede levantar frente a la arbitrariedad. Limitarlo en nombre del “interés social” o del “orden público” es abrir la puerta para que esos conceptos ambiguos se usen en favor de la autoridad y en contra de la ciudadanía. Y es ahí donde aparece la contradicción: mientras se habla de una justicia “cercana al pueblo”, se le quita al pueblo la herramienta más efectiva para protegerse.

No se trata de negar que existan abusos en la promoción de amparos. Claro que los hay. Pero los excesos se corrigen con mejores criterios judiciales, con jueces más preparados y con procedimientos más claros, no debilitando un derecho que ha servido para detener desalojos injustos, frenar megaproyectos dañinos para el ambiente o garantizar acceso a medicinas y servicios básicos.

La nueva época del Semanario Judicial puede convertirse en un verdadero parteaguas si se acompaña de un amparo fuerte, accesible y protector. De lo contrario, la promesa de una justicia incluyente quedará en el terreno de la retórica. La verdadera justicia no se mide por discursos o reformas institucionales, sino por la capacidad real de las personas más vulnerables para hacer valer sus derechos frente al poder.

Como bien advirtió el ministro en retiro Javier Laynez Potisek: una reforma al juicio de amparo que pone en el centro a las autoridades y no a las personas debe ser motivo de seria preocupación. El control de constitucionalidad nació para limitar el poder y garantizar derechos, no para fortalecer a quienes lo detentan.

La pregunta de fondo es clara: ¿queremos un Poder Judicial que acompañe al pueblo en su pluralidad o uno que, disfrazado de eficiencia, le cierre las puertas a la justicia? Entre una justicia incluyente y una justicia limitada, México tiene que elegir de qué lado de la historia quiere estar.