El papel activo de los colegios de abogados en la promoción del Estado de Derecho | Opinión de Manuel Jurado

La reciente jurisprudencia 1a./J. 215/2025 (11a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (registro digital 2031002), que reconoce a los colegios de abogados como sujetos idóneos para promover y proteger el derecho de acceso a la justicia en su dimensión colectiva, marca un parteaguas para la abogacía organizada.

No se trata únicamente de un reconocimiento jurídico, sino de un llamado a la acción: los colegios de abogados debemos asumir un papel más activo en la construcción del Estado de Derecho y en la promoción de la cultura de la legalidad.

El acceso a la justicia, como lo enfatiza la Corte, no es sólo un derecho individual. También es un bien público, cuya vigencia beneficia a toda la sociedad y cuya vulneración afecta el tejido democrático. Cuando se reconoce que este derecho tiene una dimensión colectiva, se legitima la participación de la sociedad civil organizada para reclamar su cumplimiento a través de los medios de control constitucional, particularmente el juicio de amparo.

En este contexto, los colegios de abogados no podemos limitarnos a ser observadores o comentaristas de los problemas estructurales de nuestro sistema de justicia. Tenemos la obligación ética y profesional de utilizar las herramientas jurídicas disponibles para abrir camino a soluciones que el Estado, por omisión o negligencia, no atiende oportunamente.

Desde la Fundación Barra del Capítulo Chihuahua de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, A.C. hemos promovido diversos juicios de amparo con un mismo propósito: el beneficio social.  Entre ellos, destaca el que busca la reparación y mantenimiento de la carretera vía corta Parral–Chihuahua, una exigencia ciudadana largamente ignorada y cuya omisión pone en riesgo la vida de miles de usuarios. Asimismo, hemos emprendido acciones en defensa de la Sierra Tarahumara y del Río Conchos, donde el deterioro ambiental amenaza no solo ecosistemas, sino la dignidad de comunidades enteras. Finalmente, también hemos impulsado un juicio de amparo para que se expida la legislación única en materia de justicia cívica e itinerante, con el fin de acercar la justicia a quienes viven en regiones alejadas y vulnerables.

Cada uno de estos casos refleja una convicción: el derecho no puede ser patrimonio de élites, sino un instrumento de transformación social. El amparo, históricamente concebido como un mecanismo de defensa individual, se ha convertido —gracias a su evolución jurisprudencial— en una herramienta de participación ciudadana y de exigibilidad de derechos colectivos.

Este esfuerzo no ha sido en solitario. Al contrario, ha contado con el respaldo decidido de mis compañeras y compañeros del Capítulo Chihuahua de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, A.C., en especial, bajo el liderazgo firme y visionario de nuestra Presidenta, cuyo acompañamiento ha sido clave para convertir estas causas en verdaderas banderas colectivas. Este respaldo es muestra de que la abogacía organizada, cuando actúa unida, tiene la capacidad de incidir de manera real en el fortalecimiento del Estado de Derecho.

La cultura de la legalidad no se construye solo con discursos; se construye con acciones concretas, con litigios estratégicos, con la firmeza de demostrar que la Constitución y los derechos no son declaraciones abstractas, sino compromisos exigibles.

Hoy más que nunca, los colegios de abogados estamos llamados a ser guardianes del Estado de Derecho. Pero no basta con el compromiso de unos cuantos: es momento de que más colegios, más abogados y más ciudadanos se sumen a este activismo jurídico. La defensa de la justicia y de los derechos fundamentales es una tarea que exige constancia, valentía y unidad.

En lo personal, seguiré poniendo mi experiencia y mi voz al servicio de estas causas, convencido de que el derecho, cuando se ejerce con ética y responsabilidad social, se convierte en la herramienta más poderosa para transformar nuestra realidad.