La propagación del descontento | Opinión de Nahiara Colmenero

No todas las movilizaciones comienzan con la intención de confrontar al poder o de convertirse en hechos violentos. Muchas veces comienzan con algo mucho más sencillo: la necesidad de ser escuchado. Una ciudad que exige agua limpia, un trabajador que reclama condiciones laborales dignas, un estudiante que pide recursos para su escuela o una familia que ya no puede pagar su vivienda no necesariamente comparten una ideología ni una agenda política. Comparten, en cambio, una realidad en la que sus necesidades han dejado de encontrar respuestas suficientes.

La protesta, en ese sentido, también es una forma de participación política. Es el recordatorio de que el poder público no existe separado de la sociedad a la que sirve y de que la inconformidad no constituye, por sí misma, una amenaza al orden democrático. Al contrario, la posibilidad de expresar el descontento, organizarse y exigir rendición de cuentas forma parte de una sociedad en la que los derechos y las libertades tienen práctica y no solo teoría.

Las imágenes de enfrentamientos, detenciones y despliegues policiales vuelven a ocupar las noticias, mientras las causas que llevaron a miles de personas a manifestarse corren el riesgo de quedar relegadas a un segundo plano. La discusión deja de centrarse en la falta de agua, los servicios públicos o el acceso a una vida digna, y comienza a girar alrededor del desorden, los daños y la necesidad de recuperar el control.

El Estado tiene la responsabilidad de garantizar la seguridad, pero también de actuar conforme a los derechos humanos, proteger las libertades fundamentales y ofrecer respuestas a las necesidades de la población. El uso de la fuerza no puede convertirse en un sustituto del diálogo, de la rendición de cuentas ni de las políticas públicas necesarias para resolver los problemas que originaron la inconformidad.

Lo verdaderamente preocupante es que parecemos estar entrando en un ciclo que creíamos haber aprendido a reconocer: la acumulación del descontento, la falta de respuestas, la confrontación y, finalmente, la normalización de la represión como parte inevitable de la vida pública.

Quizá ese sea uno de los mayores peligros de nuestro tiempo, acostumbrarnos.

Acostumbrarnos a que una familia no tenga certeza sobre el agua que consume. A que el personal médico tenga que exigir los recursos necesarios para atender a sus pacientes. A que los jóvenes cuestionen si la educación podrá ofrecerles oportunidades reales. A que conseguir una vivienda digna se convierta en una aspiración condicionada por el mercado y no en una posibilidad accesible. Y, finalmente, a que las personas tengan que salir a las calles para recordarles a sus gobiernos que existen necesidades que no pueden seguir esperando.

Las manifestaciones que hoy observamos en distintas partes del mundo no deben interpretarse como la evidencia de que todas las instituciones han colapsado ni de que toda autoridad ha renunciado a sus responsabilidades. Pero sí constituyen una advertencia que sería irresponsable ignorar, y es que cuando las demandas se acumulan y la confianza se debilita, también se deterioran las condiciones necesarias para la convivencia democrática.

Tal vez la pregunta no sea por qué tantas personas están saliendo a las calles, sino cuánto tiempo tuvieron que esperar antes de hacerlo y cuántas veces intentaron ser escuchadas sin necesidad de llegar hasta ahí.

Y quizá deberíamos preocuparnos menos por el ruido de las calles y mucho más por aquello que tuvo que ocurrir para que tantas personas sintieran que esa era la única manera de hacerse escuchar.