Estado pide mayor intervención federal ante desplazamiento forzado en Guadalupe y Calvo

El Gobierno del Estado de Chihuahua solicitó al Gobierno Federal reforzar su intervención en el municipio de Guadalupe y Calvo, al considerar que el incremento de la violencia en la Sierra Tarahumara ha provocado el desplazamiento forzado de familias, principalmente de comunidades indígenas.

En conferencia de prensa, el secretario de Pueblos y Comunidades Indígenas e integrante de la Comisión de Desplazamiento Forzado Interno, Enrique Rascón Carrillo, señaló que este fenómeno deriva de la disputa territorial entre grupos del crimen organizado y afirmó que, aunque el combate a estas organizaciones corresponde constitucionalmente a la Federación, el Estado ha implementado acciones presupuestales, operativas y de asistencia humanitaria para atender a las personas afectadas.

El funcionario sostuvo que la dimensión del problema requiere una mayor participación del Gobierno Federal y presentó cinco propuestas para fortalecer la coordinación institucional: incorporar el desplazamiento forzado como tema permanente en las Mesas de Construcción de la Paz; incluirlo en la agenda del Gabinete del Bienestar; reforzar la estrategia federal de seguridad en la región serrana; restablecer servicios federales en las comunidades afectadas, como salud, energía eléctrica, abasto e inspección forestal; y destinar recursos específicos para este fenómeno en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Durante la presentación, la subsecretaria de Normatividad y Asuntos Jurídicos, Sahara Cárdenas, y la titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado, Norma Ledezma, informaron sobre las acciones implementadas para atender a las familias desplazadas.

Entre ellas destacaron la operación de albergues temporales, la entrega de alimentos, atención médica, artículos de primera necesidad, apoyo psicológico y jurídico, restitución de documentos personales, vinculación a programas sociales y laborales, así como el acompañamiento para un eventual retorno a sus comunidades cuando existan condiciones de seguridad.

Las funcionarias señalaron que la estrategia estatal busca no solo responder a la emergencia, sino también restituir los derechos de las personas afectadas y generar condiciones para que puedan reconstruir su proyecto de vida.